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Contaminación hídrica y gestión de la calidad del agua. Un análisis desde la perspectiva de la huella energética y los costes ambientales (11.02.21)

Hay que tener bien en cuenta que la conexión agua-energía opera de forma diferente según cuales sean la geología y, sobre todo, la topografía y las zonas edafoclimáticas de los territorios. Por ejemplo, la altitud media de la Meseta próxima a los 500 m sobre el nivel del mar y el predominio de clima mediterráneo, con zonas especialmente áridas, priman la potencia física, asociada a la cota, pero rebajan la potencia química, asociada a la calidad del agua, pues el agua que discurre por los cauces va ganando contenido en sales y perdiendo calidad de forma natural a medida que se acerca al mar, lo que no ocurre en zonas de clima húmedo, en las que los suelos están muy lavados y predomina la buena calidad natural de las aguas, cuya pérdida de calidad responde en estos casos sobre todo a la contaminación urbana o industrial. A la vez, en las zonas de clima mediterráneo la pérdida natural de agua por evaporación, acentuada además por los regadíos, es mucho mayor y mucho más acentuada en época estival que en las de clima húmedo, lo que explica la gran irregularidad de los caudales en cantidad y calidad (en clima mediterráneo los cauces pierden mucho caudal y calidad de agua en verano, mientras que en clima húmedo puede incluso ocurrir lo contrario: por ejemplo el Po lleva más agua en verano porque es cuando recoge el deshielo de los Alpes) (Véase Gascó y Naredo (dirs) 1996).

Una buena estrategia de gestión de la demanda requiere ajustar la calidad del agua a los requerimientos de cada uso. Esta gestión diferencial o inteligente de la calidad del agua permite un doble beneficio. Por un lado, se mejora y garantiza la calidad requerida para cada uso y por otro se eliminan tratamientos no necesarios y sus costes energéticos (y ambientales). Por ejemplo, reservar las aguas de máxima calidad para el abastecimiento humano en lugar de utilizarlas en regadío u otros usos menos exigentes, no sólo tiene claros beneficios para la salud humana sino que también reduce la necesidad de tratamientos previos y de potabilización, reduciendo la huella energética y ambiental de dicho abastecimiento humano. Por otro lado, un uso diferencial de las calidades del agua (gestionando calidades, de la misma forma que hay que gestionar cantidades) evitaría asignar aguas de elevada calidad a usos que realmente no la necesitan. En este sentido, la gestión inteligente de la calidad del agua es fundamental para minimizar la huella energética en la gestión del agua y sus usos.

Sin embargo, la dimensión energética, ligada a la localización física y a la calidad química del agua, ha recibido una atención secundaria en la visión hidráulica tradicional, la cual se ha centrado sobre todo en gestionar volúmenes, lo que ha dejado lado la importante cuestión de la necesidad de una gestión inteligente o diferencial de la calidad del agua con varios objetivos: reducir la huella energética y reducir las necesidades de captación de agua desde los ecosistemas, dadas las estrechas sinergias existentes entre cantidad y calidad del agua, aspectos ambos fundamentales tanto en el contexto de la transición hídrica como en el contexto de la transición energética. Además, esta gestión inteligente de la calidad del agua es fundamental para impulsar una economía circular del agua verdaderamente sostenible y que realmente contribuya a reducir la presión sobre los ecosistemas ligados al agua.

El presente proyecto de investigación pretende por ello contribuir a un mejor conocimiento de las relaciones entre cantidad, calidad, requerimientos energéticos y costes ambientales en los recursos y usos del agua, con el fin de mejorar y reorientar la gestión hídrica.

Ver memoria del proyecto.

Apoyo a la eliminación de la presa de Los Toranes (05.02.21)

Más de 45 organizaciones ecologistas, científicas y deportivas respaldan la decisión de eliminar la presa de Los Toranes (Teruel) en una carta enviada a Teresa Ribera, titular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD).

La eliminación de presas obsoletas es algo que está ocurriendo cada vez más en España y en el resto de Europa. Es una parte fundamental del compromiso para frenar la hecatombe de biodiversidad que está ocurriendo en todas las partes del mundo, según informan los mejores estudios científicos disponibles. La conservación y restauración de la salud de los ríos es parte central de la lucha contra la creciente pérdida de biodiversidad porque la mayor concentración de la misma se encuentra en los ecosistemas fluviales y en las zonas húmedas. El desmantelamiento de la presa de Los Toranes es parte de la Estrategia de la Biodiversidad 2030 de la UE, que busca devolver el caudal natural a 25.000 Kms de ríos.

El derribo de la presa de Los Toranes es acorde con la Directiva Marco del Agua, que obliga a las administraciones públicas a restaurar las condiciones naturales para alcanzar el buen estado de los ríos de los Estados miembros. Asimismo, esta medida se hace eco de iniciativas de ámbito europeo como Dam Removal Europe, que identifica en los ríos los obstáculos obsoletos o abandonados, para poder localizarlos y eliminarlos. La Presa de los Toranes (Albentosa, Teruel) es una instalación hidroeléctrica construida en el año 1954 con muy escasa producción energética, en el 2018 caducó la concesión de explotación a la empresa Iberdrola.La presa está situada en un tramo del río Mijares que alimenta espacios de gran valor ambiental integrados en la red Natura-2000 de la UE, como son Los Estrechos del río Mijares.

El río padece una intensiva regulación fluvial en su recorrido por el valle de Olba que genera múltiples agresiones ambientales retroalimentadas (tres centrales hidroeléctricas, grandes canalizaciones que extraen ingentes volúmenes de agua del caudal natural del río para turbinarlas, un gran pantano aguas abajo).

El río Mijares turolense es un insustituible bien común, ambiental, social, económico y cultural, que necesita una mayor protección para contrarrestar la alta concentración de infraestructuras hidráulicas que padece en un tramo de pocos kilómetros.

El dictamen de desmantelamiento de la presa realizado por la Dirección del Agua del MITECO en noviembre de 2020, está respaldado por las evaluaciones de expertos científicos en cauces fluviales, como es el estudio del CIREF (Centro Ibérico de Restauración Fluvial) “Planteamiento de actuaciones de mejora fluvial en el río Mijares” (2018). La decisión de desmantelamiento de la presa ha sido fruto de evaluaciones e informes técnicos realizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Confederación Hidrográfica del Júcar, contando con todos los parabienes jurídicos del Consejo de Estado.

La decisión de desmantelamiento de esta presa destinada a la producción eléctrica está motivada por la mejora del estado ecológico y la eliminación de los daños medioambientales que genera sobre el río Mijares, y por su falta de rentabilidad económica y eléctrica. Este acuerdo responde a criterios científicos, técnicos y ambientales. Su explotación hidroeléctrica no es compatible con la preservación de un mínimo caudal ecológico imprescindible para la salud del ecosistema fluvial.

Consideramos que el derribo de esta barrera hidráulica infranqueable tendrá consecuencias que repercutirán a corto y medio plazo en un mejora sustancial del estado ecológico de buena parte del río Mijares, que resultan cruciales en el actual contexto de emergencia climática crónica. La eliminación de la presa aportará suficiente caudal para reconectar y alimentar con las aguas del río sus riberas y los espacios naturales protegidos de la Red Natura-2000, favoreciendo su continuidad natural y sus metabolismos fluviales.

Además, el derribo de la presa aportará beneficios ambientales, económicos, culturales y sociales para la zona y sus núcleos poblacionales sin aumentar el riesgo de inundaciones. Un río Mijares liberado de la presa y más naturalizado en buena medida aportará riqueza y prosperidad al valle de Olba y su entorno, generará empleo verde, favorecerá la educación ambiental y la difusión de los valores del cuidado y la protección de la naturaleza, y pondrá en valor uno de los paisajes fluviales mediterráneos más valiosos.

Aspiramos a una pronta eliminación de la presa y la central eléctrica de Los Toranes mediante un proyecto técnico que contemple una Declaración de Impacto Ambiental sin riesgos para el medio ambiente, tal y como establece la legislación.

También estamos a favor de las medidas y recursos que sean necesarios para hacer efectivos los derechos legales de toma de agua de los regantes de huertos familiares del valle de Olba.

El río Mijares debe ser una de las zonas prioritarias de restauración fluvial en el territorio español que establecería un importante precedente para la recuperación de los ríos.Sin duda, puede ser un buen ejemplo naturalización y mejora fluvial dentro del marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del MITECO.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES

Organizaciones estatales:

AEMS-Ríos con Vida

Amigos de la Tierra

ARBA (Asociación para la reforestación del bosque autóctono)

Asociación Española de Geografía (AGE)

CIREF (Centro Ibérico de Restauración Fluvial)

Ecologistas en Acción

Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)

SEO Birdlife -Sociedad Española de Ornitología

WWF- World Wildlife Fund

Asociación en Defensa del Piragüismo y el Uso Público del Agua (AEPIRA)

Organizaciones Territoriales:

Acció Ecologista - Agró

Amigos del Parque de Cabo de Gata

Amigos de la Tierra de La Rioja

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante

ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste)

ARBA (Asociación para la reforestación del bosque autóctono Valle del Lozoya)

Asociación Asturiana de Amig@s de la Naturaleza (ANA)

Asociación para la Conservación Piscícola y de los ecosistemas acuáticos del Sur (ACPES)

Asociación para la Conservación y Estudio Naturaleza de Valladolid (ACENVA)

Asociación Territorios Vivos AGADEN (Asociación gaditana para la defensa y estudio de la naturaleza)

Asociación para la Defensa Ecoloxica de Galiza (ADEGA)

Asociación de Defensa de la Naturaleza y Recursos de Extremadura (ADENEX)

Asociación de Amigos de la Laguna de Janda 

Asociación Ecologista Otsoaren Taldea

Asociación Fondo Natural

Club Deportivo Peña de la Cruz de Béjar (Salamanca)

Colla Ecologista d’Almassora

Coordinadora Ecologista d’Asturies Colectivo

Ecologista de Avilés

Depana (Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural)

Ecohabitar Ecologistas Acuho

Amigos del río Cuerpo de Hombre (Béjar)

Ecologistas Extremadura

El Mijares no se toca.

Ecologistas en Acción Gúdar-Javalambre (Teruel)

Federación Española Pesca y Casting

Medio Ambiente Filón Verde GECEN (Grupo de Estudio y Conservación de Espacios Naturales)

GOB (Grup Balear d’Orintologia i defensa de la Naturalesa)

Grupo de Investigación de la Ecología Acuática de la Universidad de Murcia Mesa de la Ría de Huelva

Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo Red Ciudadana para una Nueva Cultura del Agua en el Tajo / Tejo y sus ríos (Red del Tajo)

RedMontañas

URBIZI-Red en defensa de los ríos (Navarra) 

Ibaien aldeko nafar plataforma (Nafaroa)

Xuquer Viu

WWF de Zaragoza

Manifiesto "Por la gestión pública del agua: recuperemos una EGVASA 100% pública" (08.01.21)

La Xarxa de agua pública de Valencia ha presentado el siguiente manifiesto demandando una EGEVASA (Empresa General Valenciana del Agu) pública 100%

MANIFEST “PER LA GESTIÓ PÚBLICA DE L'AIGUA. Recuperem una EGEVASA 100% pública”

El proveïment d'aigua i el sanejament d'aigües residuals són serveis públics bàsics que, entre altres coses contribueixen a l’exercici de drets humans fonamentals reconeguts per l’Organització de Nacions Unides (ONU). Aquest caràcter fonamental s’ha vist reforçat durant l'estat d'alarma decretat pel govern d’Espanya per frenar l'expansió del coronavirus al establir que "els serveis d'aigua i sanejament d'aigües residuals passen a ser serveis essencials per garantir els nivells de salubritat i higiene".

Els drets humans queden plenament garantits quan la gestió és pública i no està condicionada pels interessos mercantilistes que imposa el mercat. Així ha estat reconegut en un recent informe de Nacions Unides dirigit per Léo Heller, relator especial de el dret humà a l'aigua en el qual s'afirma que "existeixen riscos específics per a gaudir dels drets humans a l'aigua i al sanejament en els casos de privatització ".

La gestió pública de l'abastament i sanejament és la forma majoritària que utilitzen els països de la Unió Europea per a la prestació d'aquests serveis. L'estat espanyol és un dels pocs en què la gestió privada encara és la forma majoritària de prestació d'aquests serveis en contra de les tendències marcades pels seus socis europeus.

La realitat de la gestió de l’aigua a la Comunitat Valenciana, és que el servei d'abastament i sanejament està en mans privades en més d'un 95% (concessions directes i empreses mixtes), conseqüència de la febre privatitzadora del Partit Popular i la seua clara aposta per la gestió privada, a la que els governs del Botànic encara no han posat fre.

La gestió pública dels serveis bàsics és una exigència que s'ha manifestat, si cap, amb més força durant la crisi sanitària que ara patim. Els Estats Europeus i en particular l'Espanyol han estat conscients el paper vital que exerceixen els serveis de proveïment i sanejament per a la salut de les persones i el funcionament de la societat, d'aquí la necessitat de protegir-los dels interessos mercantilistes.

La societat valenciana, el pobles i ciutats del nostre País, necessitem urgentment recuperar la gestió pública de l’aigua, mitjançant una remunicipalització d’aquest servei essencial.

Tornar a fer d'EGEVASA una empresa 100% pública, recuperant el seu esperit fundacional, és una oportunitat per a disposar d’un instrument públic de suport tècnic i de gestió als municipis que volen millorar els serveis d’abastament i de sanejament recuperant la gestió directa, tot contribuint a la correcció dels desequilibris generats per la situació de oligopoli de fet en el mapa de concessions de la província de València. D’aquesta manera es donaria compliment als acords assolits pels partits que van signar el Pacte de Botànic de: “continuar treballant en la recuperació dels serveis públics privatitzats , reforçar les estructures i entitats públiques en el Cicle Urbà de l'Aigua i assessorar els municipis per millorar la seva gestió.”

Des de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública entenem que una EGEVASA pública 100% seria l’instrument per fer possible aquesta política de garantir el dret humà a l’aigua i la gestió pública de l’abastament i el sanejament.

*La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica, està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, H2O Paterna, Heterodòxia Castelló, No als Tractats Desiguals, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu.

Antecedents d’EGEVASA

El 1988 es crea per la Diputació de València, l'Empresa General Valenciana de l'Aigua (EGEVASA) amb capital 100% públic amb l'objectiu de “portar a terme els serveis i activitats relatives a la gestió del cicle integral de l’aigua, així com l’execució d’obres i instal·lacions relacionades amb ell”. Durant els primers anys de la seua existència EGEVASA va ser un referent de la gestió del cicle de l’aigua (abastiment d’aigua potable i depuració de residuals) pel seu recolzament als municipis, especialment als menuts.

El menyspreu pel valor del que és públic juntament amb l'interès desencadenat a la fi dels anys noranta pel control empresarial de la gestió de l'aigua en els municipis valencians va precipitar la privatització d'EGEVASA a favor de l'actual GLOBAL OMNIUM. En l’any 1995 el PP accedeix a la Presidència de la Diputació de València i la seua gestió desastrosa d’EGEVASA la porta a una situació de descontrol absolut. Les despeses generals de l’empresa es disparen per la contractació massiva de personal adepte al partit. A juliol de 1998, la sort de l’empresa estava decidida. Es redacta el plec per al concurs de privatització del 49% de les accions i es privatitza EGEVASA. Una vegada privatitzada EGEVASA, després d’uns anys en mans de LUBASA-FACSA -Banc de València, acaba en mans de Aguas de Valencia S.A. (ara rebatejada com a Global Omnium).

En els vint anys transcorreguts, l'interès mercantilista ha prevalgut sobre el públic i la gestió dels seus responsables ha llançat massa ombres sobre les pràctiques realitzades i la seua legalitat. Aquí hi ha la qüestionada legalitat d'alguns convenis interadministratius, el cas d'Aigües de Calp, o el vergonyós procés penal per suborn que encara està pendent de judici en els tribunals que podria fins i tot condicionar la viabilitat de l'empresa.

Des de la privatització, i encara que el Plec de privatització indica que la titularitat del servei del cicle integral de l’aigua de la Diputació continua sent d’aquesta, que la supervisió d’EGEVASA correspon a la Diputació i que les tarifes les ha de fixar ella, el ben cert és que el control per part de la Diputació de València ha anat disminuint fins a ser pràcticament inexistent.

Reivindiquem per tant una EGEVASA 100% pública, transparent, amb participació pública i sense altre objectiu que el servei públic.

Valencia, 8 de enero de 2021

No hay vida digna sin suministros garantizados (17.12.20)

La Red de Agua Pública (RAP) y otras organizaciones sociales, han mantenida un encuentro con 10 grupos con representación parlamentaria con el fin de presentar un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

No hay vida digna sin suministros garantizados:

Diez grupos con representación parlamentaria apoyan las medidas ciudadanas para prohibir los cortes

• Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a la ministra Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.
• Numerosas entidades sociales reclaman la implementación del principio de precaución, un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la figura de consumidor vulnerable.

Madrid, 17 de diciembre de 2020

A las puertas del invierno y en plena pandemia, numerosas entidades sociales han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del Congreso de los Diputados, y ante los recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias vulnerables, las portavoces de los movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de urgencia, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:

1. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.

1. La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.

1. La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.

En este sentido, se ha incidido en que el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro debe necesariamente abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios.

Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han conocido diferentes noticias relacionadas con esta problemática. Según las informaciones aparecidas en distintos medios, se calcula que solo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.

Como respuesta, el Gobierno anunció el pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS), con aportaciones de las compañías, que permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13 % en el plazo de cinco años. A su vez, la portavoz María Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera estaba trabajando en una disposición adicional que se añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de los suministros”.

A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etc.).

Las medidas que provienen de las entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas son, a juicio de estas organizaciones, las más efectivas para hacer frente a la situación y garantizar de este modo los derechos básicos de toda la ciudadanía, particularmente la más vulnerabilizada. Es necesario que las medidas excepcionales que ahora se tomen se consoliden y tornen en normales después de la crisis sanitaria mediante las oportunas iniciativas legislativas. También reclaman al Gobierno que concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia que, en todo caso, deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad.

El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).

A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes grupos con representación parlamentaria:

• Unidas Podemos
• Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
• Junts per Catalunya-Junts
• En Comú Podem-Guanyem el Canvi
• Euskal Herria Bildu
• Más País-Equo
• CUP-Per la ruptura
• Nueva Canarias-Coalición Canaria
• Bloque Nacionalista Galego
• Més Compromís

El documento presentado hoy es una prueba más de que las medidas propuestas son viables y cuentan con un amplio apoyo. El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte. Por último, las organizaciones consideran que, tal y como se afirma en el manifiesto, no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos y exigen que se ponga fin a los cortes de suministros.

Aigua és Vida

Alianza contra la Pobreza Energética

Coordinadora de vivienda de Madrid

Ecologistas en acción

Enginyeria Sense Fronteres

Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético

Red Agua Pública